Señor
Diego Molano Vega
Ministro de Tecnologías de
la Comunicación y las Telecomunicaciones
Señor
Ramón Guillermo Angarita
Link
Director
Autoridad Nacional de
Televisión
Ciudad
Señor
Pablo Felipe Robledo del
Castillo
Superintendente de
Industria y Comercio
Referencia: Proceso de Queja contra
RCN Televisión y solicitud de investigación administrativa
Cordial Saludo;
La Sociedad Anónima denominada
Radio Cadena Nacional de Televisión de
Colombia más conocida por sus siglas de RCN
Televisión, NIT. 830029703, está transmitiendo la serie denominada “los tres caínes”, donde se
pretende narrar de forma novelística la historia de la familia Castaño Gil,
Carlos, Fidel y Vicente; estos personajes, los de la vida real, lo de la
dolorosa historia sangrienta de Colombia, fueron reconocidos terratenientes de
la costa atlántica y Antioquia y promotores del paramilitarismo desde sus albores,
de esto dan fe, innumerables testimonios de ellos mismos y de cientos de sus
socios y secuaces, particularmente la biografía de Carlos Castaño, cuyo nombre es
“mi confesión”, escrita por el periodista Mauricio Aranguren Molina. También
dan fe de ello innumerables procesos judiciales, sentencias de la Corte Suprema
de Justicia y la voz de millones de víctimas que a lo largo del territorio
nacional aún lloran a sus muertos o a sus desaparecidos.
El
canal RCN, ha decidido producir una serie televisiva, para contar a su estilo y
acorde a la versión del Señor Gustavo Bolívar la “vida y Obra de los Castaño”.
En esencia este no es el problema medular, pues podría decirse aspirando a
cierto grado de ingenuidad, que la televisión podría jugar un papel educador
ante la sociedad, movilizador de valores democráticos y promotor de la memoria
colectiva; pero este no es el caso de RCN ni mucho menos de la serie “los tres
caines”. Esta serie pretende buscar en el melodrama las causas de la decisión que
llevaron a esta familia a la delincuencia organizada, al asesinato como forma
de imponer el poder y al narcotráfico como fuente primigenia de financiación de
sus negocios (incluyendo los de adquisición de tierras). Incluso, en uno de los
slogan publicitarios de la novela, se supone que Carlos Castaño convirtió en su
causa el aniquilamiento de la izquierda, “no
por venganza, sino porque halló injusticia”, injusticia que Gustavo Bolívar argumenta en el
hecho de que las protestas urbanas, las luchas estudiantiles y los movimientos
políticos izquierdistas, están infiltrados por las organizaciones guerrilleras.
El canal RCN, Gustavo Bolívar y los demás responsables de este señalamiento,
terminan justificando la causa del asesinato selectivo de por lo menos 3000
líderes de la izquierda colombiana, que claramente no eran guerrilleros, pues
murieron inermes en alguna calle, en una tienda, aeropuerto o dentro de su
propia casa. No eran guerrilleros los niños asesinados en el Salado, las
mujeres y hombres mutilados en Trujillo; no lo eran los muertos de las cientos
de masacres en Córdoba, Urabá, Antioquia, La Costa Atlántica o el Meta, donde
Carlos Castaño dirigió personalmente sus operaciones.
No
puede la televisión atentar contra la verdad y contra la dignidad humana de
miles de asesinados y desaparecidos ni contra los legítimos derechos de las
víctimas. No puede el Estado colombiano permitir que se eternice el vejamen, la
persecución y la estigmatización de todos quienes no podemos, por plenas
convicciones éticas y políticas, compartir el modelo de estado y de economía
salvaje que gobierna y dirige actualmente a la sociedad colombiana. Este país
que ha llorado cada hora a un hijo suyo asesinado por el paramilitarismo, no
puede darse el gusto de ver cada noche la justificación de estos crímenes, la elevación
de los asesinos en héroes, la exculpación impune de los responsables directos
de la masacre nacional vivida durante los últimos veinte años.
Nuestra
Constitución Nacional establece en su
artículo 58, que la propiedad es una función
social que implica obligaciones. La Sociedad
Anónima RCN Televisión tiene todo el derecho a la explotación comercial del
servicio público de televisión, pero lo que no puede olvidar es que aún esta
empresa, emblemática de las familias más poderosas de la sociedad colombiana,
tras años y años de acumulación privada, debe responder
por sus obligaciones sociales, por su compromiso con la verdad, la justicia, la
reparación y la búsqueda de la paz, anhelos superiores no solo de los sectores
estigmatizados como “guerrilleros” por pertenecer a la izquierda colombiana,
sino del mismo Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos, quien ha
convertido la búsqueda de la paz en su reto personal, institucional y político más
importante. Es obligación del Canal RCN respetar la dignidad humana, la de los
asesinados, la de sus víctimas y las de quienes hemos padecido la persecución paramilitar
en algún momento de nuestra actividad política. Es obligación de esta empresa
cumplir con los fines del Estado y los derechos fundamentales de los
ciudadanos. Es un derecho de las víctimas la verdad; ante esa verdad, le
compete a RCN retractarse de manera inmediata por todas las vergonzosas mentiras
justificatorias de la actividad delincuencia de la familia Castaño; le
corresponde suspender de manera inmediata la transmisión de esta serie que
indigna a la nación y promueve la venganza y el hampa como formas de vida,
contrariando el espíritu constitucional colombiano, que por el contrario busca
que cada uno y cada una podamos vivir en paz, en dignidad y en un orden justo.
Debe
recordarse que la televisión constituye un servicio público y que dichos
servicios son inherentes a la finalidad del Estado social de derecho, al cual corresponde asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional y ejercer las
actividades de regulación, control y vigilancia; Que de acuerdo con el artículo
366 de la Constitución Política el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado; Que el
artículo 333 de la Constitución Política establece que la actividad económica y
la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común, y que
la empresa tiene una función social que implica obligaciones; Estos preceptos exigen de los órganos del
Estado, de orientación de políticas y los de inspección y vigilancia, atender
de manera pronta y eficiente la protección del marco constitucional y evitar
los abusos que puedan presentarse en el ejercicio de la libre empresa en
Colombia. Debe el Estado colombiano, iniciar un proceso de investigación para
determinar la responsabilidad de la Sociedad Anónima RCN Televisión con
respecto a la malversación de la verdad, del irrespeto a los derechos
fundamentales de todas los colombianos víctimas del paramilitarismo, a su intención
de justificar la actividad delictiva de reconocidos líderes de organizaciones
terroristas, a su pretensión de promover la conducta de quienes perpetraron el
genocidio político contra la Unión Patriótica, lo que en nuestro ordenamiento
penal se reconoce como Apología al
genocidio (art. 102 Código Penal).
En
defensa de la verdad, de la dignidad humana y del derecho a la convivencia
pacífica, es necesario que el Estado colombiano exija a la Sociedad RCN televisión
suspender de forma inmediata la transmisión de esta apologética historia del hampa,
del genocidio, de la corrupción, del terrorismo y del narcotráfico; debe el
Estado colombiano exigir a la Sociedad RCN ofrecer disculpas públicas,
utilizando los medios fidedignos para ello, a todos los colombianos y
colombianas que nos negamos a ver a los asesinos de nuestros familiares y
compañeros, como héroes exculpados de toda su felonía y maldad. Exijo al Estado colombiano en mi condición de
ciudadano que inicie las investigaciones administrativas, penales o de otra
índole contra los productores, gerentes y propietarios de la Sociedad RCN
Televisión para establecer sus eventuales responsabilidades por la circulación de
esta serie que claramente es justificatoria de los miles de asesinatos
ordenados o adelantados por los Castaño, que es promotora del hampa y del
narcoterrorismo como formas de vida, y que es contraria a los fines del Estado
Colombiano de la paz, la convivencia y la justicia social.
Mi
hermano Oscar Orlando Rodríguez Amaya, fue asesinado el 13 de noviembre de 2008,
por orden de los Paramilitares; Oscar no era un guerrillero, era un artista
convencido que la música sí puede cambiar al mundo; fue asesinado porque hacía
parte de las listas horrendas de civiles que Carlos Castaño convirtió en
guerrilleros de un plumazo; murió en una calle de Cúcuta sin más armas que las
canciones de rap que llevaba en su cabeza. Por su memoria, por la dignidad que
merece mi familia, particularmente mi madre y mi padre, quienes aún lloran por
su hijo asesinado, solicito muy respetuosamente que el Estado Colombiano evite
más dolor, más odio, más mentiras y exija la cancelación inmediata de las
transmisiones de la novela “los Tres caínes”.
Atentamente;
Alvaro Mauricio Rodríguez Amaya
C.C. 88.224.552 de Cúcuta
www.bajolamole.blogspot.com
De acuerdo con la información suministrada por
la Unión Sindical Obrera, la Empresa multinacional Pacific Rubiales Energy,
viene violentando sistemáticamente los derechos de asociación sindical de los
trabajadores de la industria petrolera en el municipio de Puerto Gaitán, pues,
ha despedido a más de 3000 trabajadores afiliados a la USO, en coordinación con
sus empresas subcontratistas en los campos de explotación petrolera Rubiales,
Quifa, CPO12, entre otros. En 2011, los trabajadores petroleros adelantaron
algunas jornadas de protesta para exigir mejores condiciones de trabajo, pues
de acuerdo con varios testimonios, las condiciones de salubridad y de logística eran deplorables. La respuesta
de la empresa petrolera consistió en iniciar una serie de despidos, para evitar
que los trabajadores que participaron en dichas protestas pudieran
continuar laborando, directa o indirectamente
para Pacific Rubiales Energy. 
También denuncia la USO que desde 2011, la
Empresa Petrolera y sus empresas contratistas en Puerto Gaitán, han establecido
un sistema de VETO, para evitar que trabajadores afiliados al Sindicato Petrolero,
puedan ingresar a laborar en cualquiera de las empresas que subcontratan los
servicios con Pacific Rubiales. Según varios testimonios, a los trabajadores se
les exige la renuncia a la USO para poder ser contratados en las empresas
petroleras que operan esta zona de puerto Gaitán. 
