Los
pueblos originarios del Cauca en marcha por el Estado Multinacional
Mauricio Rodríguez Amaya
www.bajolamole.blogspot.com
El 24 de noviembre de 2015, inició una nueva multitudinaria movilización de
hombres y mujeres desde el Cauca hasta la capital de Colombia, para exigir que los
representantes del Estado- nación, reconozcan y respeten definitivamente lo
derechos a la justicia y a la autodeterminación de los pueblos originarios.
Poco se sabe y poco se ve en los grandes medios sobre esta, la tercera marcha
de este nivel en los últimos diez años. Los medios no cuentan todo y lo poco
que cuentan esta leído bajo el lenguaje y las claves simbólicas de la hegemonía
centralista, euro-céntrica y aristócrata v de la élites políticas colombianas: unos indígenas marchan hacia Bogotá, las
minorías éticas reclaman una justicia solo para ellos, los indígenas quieren
defender los delitos de Feliciano, y así, otros tantos enunciados y
calificativos se ven y se leen en la prensa oficial.
Pero quiénes son los que caminan desde el Cauca? Por qué una supuesta
minoría se atreve a exigir el derecho a su propia justicia, cuando existe un
marco general para todos los habitantes del Estado-nacional colombiano? Tienen
derecho los diferentes, los diversos, a otras justicias? Desde mi punto de
vista, el modelo de organización del derecho nacional moderno está en crisis,
por dos grandes razones; primero, por su pretensión homogenizadora de las
diversidades culturales que componen el Estado, y dos, por su negación
consecuencial de los otros derechos, de las otras justicias. Si bien es cierto,
que la Constitución colombia aportó cambios indiscutibles en el reconocimiento
de los derechos propios de otros pueblos, de otras nacionalidades que comparten
el mismo estado colombiano, también es cierto que aún hace falta materializar
muchas de las promesas constitucionales referentes a la inclusión y a la
convivencia de las diferentes justicias.
Somos herederos de una fuerte tradición moderna que constituyó al
Estado-Nación en el eje articulador de las leyes, de los poderes territoriales
y en cierto modo, de las culturas y sus referentes simbólicos expresivos. Como
recuerda, García Linera (La potencia Plebeya, 2005) cuando Simón Bolívar fundó
el Estado Liberal en Bolivia, reconoció derechos políticos a los ciudadanos de
origen español pero no reconoció los mismos derechos a los indios. Era menester
ponernos al día, por lo menos formalmente a las exigencias de los
conquistadores, quienes habían reconstituido nuestras complejidades
socioculturales desde la perspectiva europea, quienes habían negado la existencia de otras
culturas deferentes a la suya a través de la fuerza o la persuasión (o de la
persuasión después de la fuerza). Había que parecernos al conquistador y en lo
posible alejarnos de la condición cultural y política de los derrotados.
Bolívar, por supuesto, es un ícono de su época en términos políticos, sus
paradigmas histórico culturales no distan sustancialmente de las coronas que
derrotó en la guerra, es un heredo de los procesos de aculturación e imposición
cultural sobre el suelo de nuestra América. Y en esta realidad quizás se finque
su intención de construir Estados lo más parecidos posibles a los conquistadores
que derrotaba, con todos su modelo cultural
y su “sistema
de creencias, prejuicios y valores dominantes que había ordenado los
comportamientos colectivos antes del proceso independentista: la racialización
de las diferencias sociales a través de la invención estatal del “indio”, no
sólo como categoría tributaria, sino, ante todo, como el “otro negativo”,
ordenador de los esquemas simbólicos con los que las personas daban sentido al
mundo, incluidos los propios indios” (Linera, 2005, Pág. 271).
La negación del otro, del derrotado, del diferente del indio, descansa en
la médula del Estado Nacional moderno; y contra ese paradigma de negación, es
que se levanta nuestra potencia plebeya de los pueblos originarios del Cauca.
Contra un sistema legal que niega las otras culturas, las autonomías, los otros
derechos, las otras cosmovisiones posibles sobre la vida, sobre el territorio y
sobre el poder. Pero la nueva marcha indígena no es solo una protesta contra el
modelo monopolista del Estado nacional moderno; también es una apuesta por el
reconocimiento y por la redistribución, como diría Boaventura de Sousa Santos; por el reconocimiento
de su propia subjetividad e historicidad, de su propia existencia y su propia
cosmogonía; y por la redistribución del territorio, de la riqueza, del poder y
del derecho a la cultura (a las culturas), a compartir el espacio histórico del
Estado y sus sistemas legales y de poder; la marcha indígena por los 700
kilómetros que separan al Cauca de Bogotá, es solo uno de los primeros pasos
hacia el Estado Multinacional colombiano. Un estado de las culturas nacionales,
reconocidas, empoderadas, constituyentes de su poder y de su historia.
