Hoy los bonaverenses conmemoran dos años del Paro Cívico y saben que la forma de presionar el cumplimiento de los acuerdos es manteniendo viva la llama que ya encendieron
Aspectos de la movilización en mayo del 2017 en las distintas calles de Buenaventura, Valle del Cauca. Foto: Mauricio Rodríguez Amaya
A las 5 de la mañana del 16 de mayo de 2017, en el puente El Piñal, que une la isla y el continente, se dio inicio al Paro Cívico de Buenaventura. Se establecieron los puntos de encuentro comunitario y el comercio cerró sus puertas hasta nueva orden. Al medio día ya Buenaventura estaba bajo el control de la comunidad, de las gentes en las calles, de los jóvenes y niños jugando fútbol en las avenidas, de los grupos de marimba de chonta elevando una sola voz: El pueblo no se rinde carajo.
Así inició el que sin duda es el capítulo más importante de la historia colectiva de esta ciudad portuaria del Pacífico colombiano. Los bonaverenses, cansados de los abusos de las sociedades portuarias, de la falta de oportunidades de trabajo decente y del silencio cómplice del Estado departamental y nacional, decidieron convocar el Paro Cívico que partió en dos la historia de Buenaventura.
Un escalofriante diagnóstico
El pliego conjunto presentado al Gobierno nacional, contenía en un solo documento las exigencias sociales, laborales y de infraestructura que la ciudad requiere para salir del rezago al que durante años la han sometido el Estado y el capital portuario nacional y trasnacional.
De acuerdo con el Diagnóstico Sociolaboral del sector portuario de Buenaventura (2018) el 88,7 % de la población es afrocolombiana, siendo el tercer municipio del país con mayor población afro. El 6 % es de origen indígena, y el 11 % es de origen blanco y mestizo. Según el DANE, el municipio tiene una población aproximada de 415 mil habitantes, el 51,37 % de la población son hombres y 48,63 % mujeres.
Acudiendo al informe del Observatorio Regional de Mercados del Trabajo – Ormet (2018), la cobertura neta en educación media para el año 2015 en Buenaventura fue de 22,3 %, lo cual la ubica lejos de la media departamental para el mismo año que fue de 40,0 %, la tasa de analfabetismo en mayores de 15 años (2005) fue de 9,2 %, superior a la departamental (5,3%); la tasa de mortalidad infantil (2014) fue de 25,3 % superior en 14 puntos a la tasa departamental (11,3).
En Buenaventura el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI es de 36 %, esto es dos veces mayor que el del Valle, que se ubicó en el 15 %, y muy por encima del nacional que se encuentra en el 27,7 % (DANE, 2014). De acuerdo con la Encuesta de Hogares (DANE-GEIH, 2016) el 66 % de la población bonaverense vive en condiciones de pobreza y reporta una tasa de desempleo del 49 % y una tasa de informalidad que alcanza un 90.3 % (DANE-GEIH, 2016).
El Distrito de Buenaventura alcanza un índice de pobreza multidimensional IPM de 66 %. De acuerdo con el informe de Pobreza Multimodal, que establece el nivel de privación de una población con los indicadores establecidos para esta medición, Buenaventura cuenta con altos niveles de privación en nivel educativo (82,6 %), viviendas inadecuadas (68%), analfabetismo (67%), bajo acceso a fuentes de agua mejorada (51%), ausencia de aseguramiento en salud (30%), desempleo de larga duración (14%), entre otros indicadores.
Crisis humanitaria y paro cívico
Según el Plan de Desarrollo Distrital 2015-2019, las principales causas del rezago de Buenaventura, son en gran medida, la poca capacidad de gestión gerencial de lo público; la sistemática violación de derechos humanos y étnicos territoriales y la débil legitimidad política del gobierno local para liderar la gestión y el desarrollo de lo público en el territorio, entre otras causas.
Sin embargo, hace falta decir que los grandes capitales nacionales y trasnacionales de los servicios de logística y comercio portuario, han sido claves para someter a los trabajadores a condiciones de precariedad y tercerización, han incrementado la conflictividad territorial en aras de tomar nuevas zonas para las actividades portuarias, produciendo nuevos desplazamientos internos y violencia local.
El Paro Cívico puso en evidencia la profunda crisis social y humanitaria de Buenaventura, y permitió reorientar los esfuerzos al impulso de una sola agenda conjunta. Por esta razón, procesos comunitarios, sindicales, de mujeres, jóvenes, campesinos y consejos comunitarios, hacen parte de las más de 180 organizaciones que suscriben las agendas y los pliegos sobre los cuales se firmó el Acuerdo con el Gobierno nacional en junio de 2017, y que permitió tomar la decisión de suspender el Paro Cívico, en aras a que el gobierno nacional dé cumplimiento a lo pactado.
Conquistas del movimiento
Durante estos dos años, aunque no se cumplen los acuerdos en su totalidad, el Comité del Paro ha logrado, gracias a la presión territorial, nacional e internacional, varios aspectos claves para el desarrollo territorial; en primer lugar, se logró que el Congreso de la República, creara el Fondo Autónomo para Buenaventura, mediante la ley 1872 de 2017.
Este fondo cuenta con recursos que suman $1,6 billones, los cuales serán destinados para inversiones estratégicas del municipio, y tendrá una vigencia de 10 años. Los principales proyectos que serán cubiertos y financiados son, Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que contará con $350.000 millones; la Ciudadela Hospitalaria, con una inversión de $183.000 millones en cuatro años; la Unidad de Cuidados, que contará con $12.500 millones, y el acueducto rural con una inversión de $25.000 millones; otros proyectos como el parque pesquero, las mejoras en la infraestructura educativa, la diversificación económica del Distrito, hacen parte de los proyectos contemplados por el Fondo Autónomo y que serán ejecutados en los próximos años.
Gracias a la presión de las comunidades y del Comité Ejecutivo del Paro Cívico, el Plan de Desarrollo del Gobierno nacional incluyó a última hora el compromiso de transferir los recursos que requiere el Fondo para su funcionamiento y la ejecución de los proyectos en este cuatrienio.
Otros compromisos relevantes se están discutiendo y construyendo en las mesas temáticas. Particularmente, en la Mesa de Productividad y Empleo, se viene trabajando con el Ministerio del Trabajo para producir la legislación para la formalización laboral del trabajo portuario, con la cual los obreros de este sector pretenden recuperar los derechos laborales que les fueron arrebatados tras la privatización de las sociedades portuarias a partir de 1991.
Aunque este compromiso no ha logrado grandes desarrollos, las organizaciones sindicales siguen presionando su cumplimiento, a partir de los procesos de organización y negociación colectiva. Este año, producto de este nuevo contexto, la Sociedad Portuaria de Buenaventura, firmó la nueva convención colectiva con el Sindicato Unión Portuaria, en el que la compañía se compromete a garantizar la estabilidad de los trabajadores que se encuentran vinculados con contratos a término fijo.
Aunque las agendas con el gobierno se muevan lento, la comunidad de Buenaventura sabe que su lucha cambió la historia, que su compromiso durante el Paro Cívico permitió que todo un país volviera su rostro sobre esta región olvidada y condenada a la violencia y al atraso.
Hoy los bonaverenses conmemoran dos años del Paro Cívico y saben que la forma de presionar el cumplimiento de los acuerdos es manteniendo viva la llama que ya encendieron por la defensa de sus derechos, de la posibilidad de volver a tener la esperanza de que se puede vivir con dignidad y paz en el territorio, porque, como dice su consigna central, “el pueblo no se rinde carajo”.
