Arrancan despidos masivos en minas de DRUMMOND

Arrancan despidos masivos en minas de DRUMMOND

Sobre el carbón se cocinan más de 1000 despidos en la Empresa DIMANTEC LTDA, la liquidación de la Convención Colectiva y la violación de los derechos laborales; Ministerio del Trabajo Guarda Silencio y facilita la impunidad

Mauricio Rodríguez Amaya

www.bajolamole.blogspot.com

COLOMBIA: La Multinacional DRUMMOND, es la empresa concesionaria para la explotación de las minas Pribbenow y el Descanso, ubicadas en el Departamento del Cesar; más de mil trabajadores prestan sus servicios para esta Multinacional a través de la Empresa DIMANTEC LTDA, que a su vez es subcontratista de la Empresa GECOLSA S.A., haciendo honor a un complejo sistema de tercerización laboral que facilita el incumplimiento de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. En 2014, tras un pomposo anunció, el entonces Ministro de Trabajo Rafael Pardo comunicó a la opinión pública que esta entidad había sancionado con más de 3 mil millones de pesos a las empresas GECOLSA y DIMANTEC LTDA, por intermediación laboral ilegal; unos meses después el mismo Ministerio del Trabajo Revocó la sanción y al día de hoy no ha dado una respuesta definitiva a la Querella interpuesta por los trabajadores.

Aprovechando que el Ministerio del Trabajo revocó la Sanción por intermediación laboral ilegal que la misma entidad había impuesto, las Empresas Gecolsa y Dimantec iniciaron una milimétrica estrategia para aniquilar los puestos de trabajo y la Convención Colectiva entre DIMANTEC y SINTRAIME; primero, cancelaron los contratos entre DRUMMOND y GECOLSA S.A.; luego GECOLSA liquidó sus contratos con DIMANTEC, quienes anunciaron esta decisión a sus trabajadores mediante un comunicado en octubre de 2015, donde además notificaban que los obreros tendrían contrato solo hasta el 31 de Diciembre de 2015.

El SINDICATO intercedió ante el Ministerio del Trabajo, pidiendo una respuesta urgente en el sentido de ratificar la sanción contra estas empresas y exigir la superación de la intermediación ilegal y la estabilidad laboral de los trabajadores; promovieron reuniones con la misma empresa, pero todo resultó en vano. El 15 de Diciembre de 2015, DIMANTEC inició el desalojo de sus propios trabajadores de sus sitios de trabajo en las minas de DRUMMOND. Sin mediar más palabra, apoyados en su enorme poder económico y justificados en el silencio de la autoridad del Trabajo en Colombia.

Empresas con libertad para aniquilar la libertad de asociación

El sindicato SINTRAIME, filial de la CUT, que agrupa a trabajadores de la industria minera y metalúrgica, tiene una Convención Colectiva con la Empresa DIMANTEC LTDA, en 2014 presentó un nuevo Pliego de Peticiones que la compañía se negó a negociar y que hoy reposa en los escritorios de un Tribunal de Arbitramento. Sin embargo, la ley colombiana protege a los trabajadores mediante el Fuero Circunstancial de la negociación, durante el tiempo que dure en resolverse el conflicto colectivo; Sin embargo, DIMANTEC Ltda, desconociendo esa protección especial de los trabajadores ha iniciado el despido masivo de los obreros, so pretexto de la terminación de la relación contractual con GECOLSA (contratista de DRUMMOND). Ya han sido despedidos nueve trabajadores protegidos con Fuero sindical, incluido un directivo del Sindicato.

Si se cumplen las predicciones de DIMANTEC, entregará sus operaciones a la Compañía CHM,  sin un solo trabajador, sin convención colectiva ni ningún otro tipo de obligación legal o contractual con trabajador alguno; habrá aniquilado la Convención Colectiva vigente y habrá destruido al Sindicato dentro de su empresa en la región del Cesar.

Ministerio del Trabajo, un paso adelante dos pasos atrás

El Ministerio del Trabajo ha contribuido a promover la situación de despidos que hoy se vive en las minas entregadas en concesión a la multinacional DRUMMOND; primero, sancionó a las compañías GECOLSA-DINAMTEC, por intermediación laboral ilegal con una multa superior a los 3 mil millones de pesos; paso seguido, revocó la sanción impuesta y ha guardado silencio sobre la ratificación o no de la sanción por más de medio año, facilitando así, las actividades liquidatorias de Dimantec y Gecolsa. El Ministerio tiene a su cargo otras investigaciones contra DRUMMOND y empresas contratistas dentro de la zona minera del Cesar, pero esas otras averiguaciones también avanzan lentamente; la lentitud y la falta de solidez del Ministerio en las decisiones tomadas, ha creado un campo de impunidad que hoy le permite a las empresas contratistas de DRUMMOND, hacer cancelaciones de contratos para poder sacrificar más de 1000 puestos de trabajo.

Si el Ministerio del Trabajo sigue guardando silencio sobre sus propias decisiones administrativas, en 3nero  de 2016 no habrá empresas que sancionar ni trabajadores a los cuales proteger, pues Gecolsa S.A. habrá salido de las operaciones de Drummond y en consecuencia lo mismo sucederá con Dimantec, al tiempo que más de 1000 obreros perderán sus puestos de trabajo.

La tercerización laboral la causa de todos los males

El panorama actual se sustenta en un modelo de tercerización laboral, que permite a las empresas concesionarias de títulos mineros (como DRUMMOND) tercerizar sus operaciones sin el debido control del Ministerio del Trabajo; Aunque la Ley 1429 de 2010 (art. 63) limita la intermediación de los  trabajadores que realizan actividades misionales permanentes, las compañías mineras siguen aplicando la política laboral a su antojo; de acuerdo con investigaciones recientes, más del 60% de la nómina de DRUMMOND en las minas del Cesar, está tercerizada. Los trabajadores tercerizados no pueden ejercer sus derechos de asociación y negociación colectiva con el verdadero beneficiario de su trabajo, sino que deben consolarse con negociar con las empresas intermediarias, quienes en cualquier momento pueden cancelar los contratos de trabajo con las concesionarias mineras y destrozar así los derechos de los trabajadores.

La tercerización actúa como una tenaza contra los derechos de asociación de los trabajadores, porque impide la relación de ésta con los verdaderos beneficiarios de sus servicios, quienes a su vez, imponen las reglas para evitar que esos trabajadores puedan organizarse permanentemente sin temer a ser despedidos por las empresas intermediarias.