lunes, 24 de junio de 2013

Conciencia Crítica se solidariza con el pueblo del Catatumbo



Explicación de la problemática en el Catatumbo

La organización de estudiantes Conciencia Crítica se solidariza con el pueblo del Catatumbo
Colombia es un país que ha forjado su historia a la luz de un extenso conflicto social, político, económico y armado, donde la desigualdad social, la corrupción, la persecución política, han sido algunas de las tantas realidades que han construido la Colombia que hoy conocemos. Esto ha sido consecuencia de un modelo económico impuesto que desdibuja por completo el tejido social existente y busca simplemente generar una sociedad de consumo que tenga el individualismo como proyecto de vida, donde las personas dejan de ser un actor político para convertirse en una simple mercancía.
Las principales víctimas de este conflicto han sido las comunidades campesinas, que además de vivir a diario el fragor de la guerra, han sido olvidadas por el estado colombiano, negando al campesino el derecho a la salud, la educación, la vivienda digna, la tierra e incluso la vida. Esto ha cambiado la estructura social del país ya que una gran parte de nuestros campesinos han tenido que engrosar los cinturones de miseria de los principales centros urbanos y dejar sus tierras en manos de grupos paramilitares o empresas multinacionales que explotan indiscriminadamente nuestros recursos naturales.
Pero esta realidad que constantemente demuestra ir en contra del pueblo colombiano ha sido motor para la resistencia social de nuestro país, donde las luchas obreras, campesinas, estudiantiles e indígenas han tenido la fuerza para hacer frente a un modelo capitalista que ha sido instaurado bajo una política de terror, impulsada por el estado, las elites económicas y los grupos paramilitares.
En la actualidad, un ejemplo vivo de estos procesos de resistencia es la región del Catatumbo, que históricamente ha sido centro del conflicto social y armado del país. Pero para entender la complejidad de las problemáticas de la región es necesario recordar, en primer lugar, que el paramilitarismo y el terrorismo de estado llevan décadas eliminando toda opción de esperanza y cambio en la región, asesinando líderes comunales, campesinos, indígenas, estudiantes y toda personas que plantea la necesidad de subvertir el orden del país y la región. En segundo lugar, que el Catatumbo es una zona, como tantas otras en el país, donde hay una gran riqueza de recursos mineros, lo que ha conllevado a que las empresas multinacionales se apropien de grandes extensiones de tierra por medios legales e ilegales y acaben con los ecosistemas y las comunidades que allí habitan. Por último el abandono estatal, que se traduce en una inexistente política de desarrollo agrario integral, ha llevado a las comunidades a ver en la siembra de coca su única alternativa de subsistencia.
Las comunidades agrarias del Catatumbo, agotando toda opción de dialogo con el gobierno local, departamental y nacional, decidieron impulsar una jornada de protesta que inició el día 12 de junio con el bloqueo de la vía que comunica a Tibú con Cúcuta, lo que buscaba generar un mecanismo de presión pacífico que llevara al gobierno nacional a conformar una mesa de interlocución y acuerdo con las comunidades campesinas, con el fin de discutir y dar solución a las principales problemáticas que afectan a la región, pero la respuesta del estado fue desde un principio la violencia desmedida, generando un gran despliegue de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios y el Ejército Nacional.
Pero incluso con toda la fuerza represiva del estado en su contra, las comunidades del Catatumbo, que ha sido acompañada y respaldada por la Asociación Campesina del Catatumbo, siguen resistiendo y defiendo sus exigencias, con las que buscan solventar problemas estructurales de la región, dentro de sus propuestas están las siguientes:
La declaración inmediata de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Catatumbo, esto en el marco del cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el INCODER, en virtud del artículo 81 de la ley 160 de 1994 y del decreto 1777 de 1996, así como los acuerdos suscritos entre la Asociación Campesina del Catatumbo y la institucionalidad local y departamental.
Definir claramente la ruta de financiación e iniciar la ejecución inmediata de los proyectos priorizados del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC.
La suspensión inmediata e indefinida de las erradicaciones forzadas de los cultivos de coca y ejecución de un programa de sustitución gradual y concertado de los cultivos de uso ilícito en el marco de la propuesta productiva del PDS-ZRC.
Subsidios de $ 1.500.000 para mitigar la crisis alimentaria producida por las erradicaciones forzadas de los cultivos de coca, subsidio que debe mantenerse al menos dos años o mientras se implementen los proyectos productivos del PDS-ZRC.
La suspensión de las políticas y planes minero-energéticos que se quieren desarrollar en la ZRC del Catatumbo. Que sea reconocido el derecho de las comunidades campesinas a ser consultadas y participar en todas las decisiones que puedan afectarles.
La suspensión de la política del Plan de Consolidación en el territorio de la ZRC del Catatumbo.
El respeto, protección y promoción de derechos humanos, que incluye:
a. reconocimiento político por parte del Gobierno Nacional y Fuerza Pública donde se reconozca el carácter civil de los campesinos organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo.
b. Impulso de las investigaciones a las denuncias por las violaciones a los derechos humanos.
c. Conformar una comisión de verificación para hacer seguimiento a las graves denuncias de violación de derechos humanos y la persecución política y judicial.
d. Tratar la problemática de los cultivos de coca no como un asunto penal y criminal, sino como un problema político, económico y social.
e. Adelantar las investigaciones y aclaraciones por los graves hechos que ocurrieron el día sábado 15 de junio en La Cuatro, y establecer un procedimiento claro que logre la reparación integral a los afectados.
Mientras que para el casco urbano de Tibú y sus veredas aledañas se exige el suministro de gas natural, suministro de agua potable, garantías del suministro de la electrificación, pavimentación de vías Cúcuta-Tibú y de las vías de acceso a las veredas y de las calles del casco urbano, creación de la universidad, hospital de tercer nivel para Tibú, bienes, servicios y mano de obra para la comunidad tibuyana por parte de Ecopetrol.
Bajo esta crítica situación de violación al DDHH enmarcado en los procesos de movilización que se vienen adelantando en la región del Catatumbo, la organización Conciencia Crítica expresa su absoluta e incondicional solidaridad al proceso de lucha y resistencia campesina; haciendo público nuestro rechazo a:
La indiferencia del gobierno nacional para discutir las problemáticas estructurales del sector rural colombiano, dilatando e incumpliendo los acuerdos pactados con la comunidad y evadiendo la conformación de la mesa de interlocución y acuerdo.
La participación del Ejército Nacional como actor en la mesa de Interlocución y Acuerdo dado que han sido actores fundamentales en la recurrente violación a los derechos humanos dentro de la región.
La sistemática violación de los Derechos Humanos en las jornadas de protesta, traducidas en el uso desmedido de la fuerza por medio de armas de fuego, los atentados a la vida y la integridad físicas de los campesino, la destrucción de las pertenencias de los manifestantes, así como de sus víveres y alimentos preparados; además de la destrucción de los medios de transporte por parte de la policía.
Así mismo, como organización exigimos que el gobierno nacional genere de manera inmediata delegados con carácter decisorio para que conformen la mesa de Interlocución y Acuerdo con el fin de dar cumplimiento a las reivindicaciones anteriormente expresadas en este documento, en especial hacemos un énfasis puntual en la necesidad de la conformación y aprobación de la Zona De Reserva Campesina para el Catatumbo y su Plan de Desarrollo Alternativo. Exigimos que el estado cese su política de represión contra los manifestantes, desmilitarizando los municipios donde se adelantan las protestas, ya que el ejército nacional no debe generar un control en las movilizaciones sociales.
Por último responsabilizamos al estado de todas las violaciones a los derechos humanos que se han hecho sobre la comunidad y de todo hecho que pueda ocurrir en los próximos días si se mantiene la represión desproporcionada.
La organización Conciencia Crítica hace el llamado al pueblo colombiano de apropiarse de estas luchas, de entender que es necesario construir un país distinto que promueva el cumplimiento de los derechos humanos, la equidad, un desarrollo agrario integral, políticas económicas y sociales favorables que sirvan como garantes de la calidad de vida en todos los sectores de la población colombiana pero especialmente el de nuestros campesinos y campesinas, necesitamos unir fuerzas para luchar por una paz con justicia social que permita construir esa Colombia con la que todos soñamos.
- Nota Tomada del Sitio WEB: 


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COLECTIVO INFORMATIVO SUSURRO
Miembros de la Coordinación Colombia Europa-EEUU
Nodo Nororiental (CCEEU)
 
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
 

  


miércoles, 29 de mayo de 2013

USO DENUNCIA PENALMENTE A PACIFIC RUBIALES






Por violaciones al derecho de asociación sindical
La USO denuncia penalmente a PACIFIC RUBIALES




Mayo 29 de 2013

Bogotá- El Presidente de la Unión Sindical Obrera- USO, Rodolfo Vecino, confirmó que esta organización sindical denunciará penalmente a la multinacional petrolera PACIFIC RUBIALES ENERGY, por supuesta comisión de delitos contra el derecho de asociación y reunión y concierto para delinquir. El dirigente sindical, aclaró que el jueves 30 de mayo, a las 10:00 a.m. será radicada formalmente la denuncia, en el bunker de la Fiscalía General de la Nación. 

De acuerdo con la información suministrada por la Unión Sindical Obrera, la Empresa multinacional Pacific Rubiales Energy, viene violentando sistemáticamente los derechos de asociación sindical de los trabajadores de la industria petrolera en el municipio de Puerto Gaitán, pues, ha despedido a más de 3000 trabajadores afiliados a la USO, en coordinación con sus empresas subcontratistas en los campos de explotación petrolera Rubiales, Quifa, CPO12, entre otros. En 2011, los trabajadores petroleros adelantaron algunas jornadas de protesta para exigir mejores condiciones de trabajo, pues de acuerdo con varios testimonios, las condiciones de salubridad y  de logística eran deplorables. La respuesta de la empresa petrolera consistió en iniciar una serie de despidos, para evitar que los trabajadores que participaron en dichas protestas pudieran continuar  laborando, directa o indirectamente para Pacific Rubiales Energy.

También denuncia la USO que desde 2011, la Empresa Petrolera y sus empresas contratistas en Puerto Gaitán, han establecido un sistema de VETO, para evitar que trabajadores afiliados al Sindicato Petrolero, puedan ingresar a laborar en cualquiera de las empresas que subcontratan los servicios con Pacific Rubiales. Según varios testimonios, a los trabajadores se les exige la renuncia a la USO para poder ser contratados en las empresas petroleras que operan esta zona de puerto Gaitán.
La denuncia vincula también a varias de las empresas subcontratistas de PACIFIC RUBIALES, pues desde el punto de vista de la USO, los directivos de estas empresas se pusieron de acuerdo para desarrollar varias estrategias que garantizaran el destierro de la USO de los campos petroleros, vulnerar el derecho de asociación y quebrantar los acuerdos logrados entre la USO y Pacific Rubiales, que dieron fin a las protestas obreras en 2011.

Para la USO, interponer esta denuncia abre las puertas para que el movimiento sindical colombiano exija juridicamente el respeto de los derechos laborales y libertades sindicales de los obreros colombianos y asi mismo deja un precedente importante en las reivindicaciones que ha ejercido este sindicato durante 90 años de existencia.

El Jueves 30 de mayo, a las 10:00 a.m. está convocada una pequeña concentración en el bunker de la fiscalía, para acompañar la radicación formal de esta denuncia. 

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Redactó:
USO Nacional
2344074
usonacional@yahoo.es

martes, 21 de mayo de 2013

Alcalde de Puerto Gaitán prepara desalojos



Comunicado de Prensa

Alcalde de Puerto Gaitán prepara desalojos de comunidades sin cumplir requerimientos judiciales
Mayo 21 de 2013

Puerto Gaitán – El alcalde de Puerto Gaitán Edgar Humberto Silva, está preparando en forma secreta adelantar en las próximas horas el desalojo de más de 116 familias ubicadas en la Vereda Cuernavaca, sin cumplir con los requerimientos de notificación a las comunidades que la ley y la constitución le indican. En la Vereda Cuernavaca, se adelanta un proyecto colectivo de productividad para la producción de marañón, del que se benefician más de 150 familias, de las cuales, por lo menos la mitad son grupos familiares que han sido víctimas del desplazamiento forzado; con lo que no contaban estas comunidades es que a menos de dos años de desarrollo de este exitoso proyecto productivo, estas zonas se declararan productivas para la industria petrolera, lo que ha generado que el Alcalde adelante un irregular proceso de desalojo, amparado en un proceso policivo adelantado por Armando Navarro, supuesto propietario de las más de 1800 hectáreas que cubren el proyecto, sin cumplir los requisitos legales y desconociendo los derechos fundamentales de más de 500 habitantes de la zona. 


     Gustavo Navarro y Gustavo Endo, estarían detrás de impulsar los desalojos de tierras en Cuernavaca

Al parecer, detrás de esta irregular acción irregular del Alcalde Silva, está la presión de la Empresa Pacific Rubiales, pues esta zona se encuentra dentro de los planes de expansión de la explotación petrolera de esta empresa y del proyecto de siembra de Palma aceitera dentro del megaproyecto agroindustrial Agrocascada.

Voceros de la comunidad han venido denunciando la presión de ejercida de la Empresa Pacific Rubiales Energy, para que adelante este desalojo. Aunque la comunidad no tiene conocimiento oficial de la acción policiva, de oídas se cree que se realizará en las próximas horas, pues se han concentrado varios contingentes del ESMAD en el casco urbano de Puerto Gaitán y el ejército ha reforzado su presencia en la zona. Advierten los habitantes que defenderán sus legítimos derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la vivienda, a la familia, entre otros y que denunciarán los atropellos y las presiones de que vienen siendo víctimas de parte del Alcalde de Puerto Gaitán y de las Empresas petroleras.

Advierten los líderes que las eventuales agresiones a la vida de las personas en la vereda Cuernavaca son responsabilidad exclusiva del Alcalde municipal y de las autoridades de policía que participen  en un desalojo que no ha sido notificado legalmente a las comunidades. Para mañana, las comunidades anunciarán nuevas acciones legales contra el Alcalde del municipio petrolero y contra las compañías petroleras que eventualmente estarían detrás de la persecución a los habitantes de la zona. 

Mayor información: José Alonso Ruda Hernández, Cel. 3164336655
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Redactó:  

José Alonso Ruda Hernández
Fundación Pro-Bienestar
fundemacong@yahoo.es
Cel. 3164336655

miércoles, 20 de marzo de 2013

RCN: no más "los tres caines"






Señor
Diego Molano Vega
Ministro de Tecnologías de la Comunicación y las Telecomunicaciones

Señor
Ramón Guillermo Angarita Link
Director
Autoridad Nacional de Televisión
Ciudad

Señor
Pablo Felipe Robledo del Castillo
Superintendente de Industria y Comercio

Referencia: Proceso de Queja contra RCN Televisión y solicitud de investigación administrativa

Cordial Saludo;

La Sociedad Anónima denominada Radio Cadena Nacional de Televisión de Colombia más conocida por sus siglas de RCN Televisión, NIT. 830029703, está transmitiendo la  serie denominada “los tres caínes”, donde se pretende narrar de forma novelística la historia de la familia Castaño Gil, Carlos, Fidel y Vicente; estos personajes, los de la vida real, lo de la dolorosa historia sangrienta de Colombia, fueron reconocidos terratenientes de la costa atlántica y Antioquia y promotores del paramilitarismo desde sus albores, de esto dan fe, innumerables testimonios de ellos mismos y de cientos de sus socios y secuaces, particularmente la biografía de Carlos Castaño, cuyo nombre es “mi confesión”, escrita por el periodista Mauricio Aranguren Molina. También dan fe de ello innumerables procesos judiciales, sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la voz de millones de víctimas que a lo largo del territorio nacional aún lloran a sus muertos o a sus desaparecidos.

El canal RCN, ha decidido producir una serie televisiva, para contar a su estilo y acorde a la versión del Señor Gustavo Bolívar la “vida y Obra de los Castaño”. En esencia este no es el problema medular, pues podría decirse aspirando a cierto grado de ingenuidad, que la televisión podría jugar un papel educador ante la sociedad, movilizador de valores democráticos y promotor de la memoria colectiva; pero este no es el caso de RCN ni mucho menos de la serie “los tres caines”. Esta serie pretende buscar en el melodrama las causas de la decisión que llevaron a esta familia a la delincuencia organizada, al asesinato como forma de imponer el poder y al narcotráfico como fuente primigenia de financiación de sus negocios (incluyendo los de adquisición de tierras). Incluso, en uno de los slogan publicitarios de la novela, se supone que Carlos Castaño convirtió en su causa el aniquilamiento de la izquierda, “no por venganza, sino porque halló injusticia”,  injusticia que Gustavo Bolívar argumenta en el hecho de que las protestas urbanas, las luchas estudiantiles y los movimientos políticos izquierdistas, están infiltrados por las organizaciones guerrilleras. El canal RCN, Gustavo Bolívar y los demás responsables de este señalamiento, terminan justificando la causa del asesinato selectivo de por lo menos 3000 líderes de la izquierda colombiana, que claramente no eran guerrilleros, pues murieron inermes en alguna calle, en una tienda, aeropuerto o dentro de su propia casa. No eran guerrilleros los niños asesinados en el Salado, las mujeres y hombres mutilados en Trujillo; no lo eran los muertos de las cientos de masacres en Córdoba, Urabá, Antioquia, La Costa Atlántica o el Meta, donde Carlos Castaño dirigió personalmente sus operaciones.

No puede la televisión atentar contra la verdad y contra la dignidad humana de miles de asesinados y desaparecidos ni contra los legítimos derechos de las víctimas. No puede el Estado colombiano permitir que se eternice el vejamen, la persecución y la estigmatización de todos quienes no podemos, por plenas convicciones éticas y políticas, compartir el modelo de estado y de economía salvaje que gobierna y dirige actualmente a la sociedad colombiana. Este país que ha llorado cada hora a un hijo suyo asesinado por el paramilitarismo, no puede darse el gusto de ver cada noche la justificación de estos crímenes, la elevación de los asesinos en héroes, la exculpación impune de los responsables directos de la masacre nacional vivida durante los últimos veinte años.

Nuestra Constitución Nacional establece  en su artículo 58, que la propiedad es una función social que implica obligaciones.  La Sociedad Anónima RCN Televisión tiene todo el derecho a la explotación comercial del servicio público de televisión, pero lo que no puede olvidar es que aún esta empresa, emblemática de las familias más poderosas de la sociedad colombiana, tras  años y  años de acumulación privada, debe responder por sus obligaciones sociales, por su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la búsqueda de la paz, anhelos superiores no solo de los sectores estigmatizados como “guerrilleros” por pertenecer a la izquierda colombiana, sino del mismo Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos, quien ha convertido la búsqueda de la paz en su reto  personal, institucional y político más importante. Es obligación del Canal RCN respetar la dignidad humana, la de los asesinados, la de sus víctimas y las de quienes hemos padecido la persecución paramilitar en algún momento de nuestra actividad política. Es obligación de esta empresa cumplir con los fines del Estado y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es un derecho de las víctimas la verdad; ante esa verdad, le compete a RCN retractarse de manera inmediata por todas las vergonzosas mentiras justificatorias de la actividad delincuencia de la familia Castaño; le corresponde suspender de manera inmediata la transmisión de esta serie que indigna a la nación y promueve la venganza y el hampa como formas de vida, contrariando el espíritu constitucional colombiano, que por el contrario busca que cada uno y cada una podamos vivir en paz, en dignidad y en un orden justo.

Debe recordarse que la televisión constituye un servicio público y que dichos servicios son inherentes a la finalidad del Estado social de derecho, al cual corresponde asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional y ejercer las actividades de regulación, control y vigilancia; Que de acuerdo con el artículo 366 de la Constitución Política el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado; Que el artículo 333 de la Constitución Política establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común, y que la empresa tiene una función social que implica obligaciones;  Estos preceptos exigen de los órganos del Estado, de orientación de políticas y los de inspección y vigilancia, atender de manera pronta y eficiente la protección del marco constitucional y evitar los abusos que puedan presentarse en el ejercicio de la libre empresa en Colombia. Debe el Estado colombiano, iniciar un proceso de investigación para determinar la responsabilidad de la Sociedad Anónima RCN Televisión con respecto a la malversación de la verdad, del irrespeto a los derechos fundamentales de todas los colombianos víctimas del paramilitarismo, a su intención de justificar la actividad delictiva de reconocidos líderes de organizaciones terroristas, a su pretensión de promover la conducta de quienes perpetraron el genocidio político contra la Unión Patriótica, lo que en nuestro ordenamiento penal se reconoce como Apología al genocidio (art. 102 Código Penal).

En defensa de la verdad, de la dignidad humana y del derecho a la convivencia pacífica, es necesario que el Estado colombiano exija a la Sociedad RCN televisión suspender de forma inmediata la transmisión de esta apologética historia del hampa, del genocidio, de la corrupción, del terrorismo y del narcotráfico; debe el Estado colombiano exigir a la Sociedad RCN ofrecer disculpas públicas, utilizando los medios fidedignos para ello, a todos los colombianos y colombianas que nos negamos a ver a los asesinos de nuestros familiares y compañeros, como héroes exculpados de toda su felonía y maldad.  Exijo al Estado colombiano en mi condición de ciudadano que inicie las investigaciones administrativas, penales o de otra índole contra los productores, gerentes y propietarios de la Sociedad RCN Televisión para establecer sus eventuales responsabilidades por la circulación de esta serie que claramente es justificatoria de los miles de asesinatos ordenados o adelantados por los Castaño, que es promotora del hampa y del narcoterrorismo como formas de vida, y que es contraria a los fines del Estado Colombiano de la paz, la convivencia y la justicia social.

Mi hermano Oscar Orlando Rodríguez Amaya, fue asesinado el 13 de noviembre de 2008, por orden de los Paramilitares; Oscar no era un guerrillero, era un artista convencido que la música sí puede cambiar al mundo; fue asesinado porque hacía parte de las listas horrendas de civiles que Carlos Castaño convirtió en guerrilleros de un plumazo; murió en una calle de Cúcuta sin más armas que las canciones de rap que llevaba en su cabeza. Por su memoria, por la dignidad que merece mi familia, particularmente mi madre y mi padre, quienes aún lloran por su hijo asesinado, solicito muy respetuosamente que el Estado Colombiano evite más dolor, más odio, más mentiras y exija la cancelación inmediata de las transmisiones de la novela “los Tres caínes”.

Atentamente;


Alvaro Mauricio Rodríguez Amaya
C.C. 88.224.552 de Cúcuta
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