Mauricio Rodríguez Amaya
#trabajoesPAZ
Más de treinta años de retrocesos en políticas de protección
del trabajo han transformado la realidad laboral en Colombia; como paradoja
fundamental, la Constitución del 91, trajo consigo la promesa de proteger los
derechos sociales y la implementación del Estado Social de Derecho, al tiempo
que desarrolló el marco constitucional para la libertad de Empresa, el
incremento de la inversión extranjera, la reducción de la protección de
derechos sociales al amparo del neoliberalismo internacional.
La reducción del Estado, la privatización de las
empresas industriales y comerciales del Estado, de la educación y de los
servicios de salud, lanzaron a las calles un enorme ejército de desempleados
que cuando volvieron al mundo del trabajo lo hicieron en condiciones de
precariedad, tercerización e informalidad. Ninguna de estas políticas hubiera alcanzado resultados tan eficaces y
rápidos si no estuvieran acompañadas de una intensa ola de violencia
antisindical que ha cobrado la vida de más de 5000 sindicalistas, otro tanto
desaparecidos y un sinnúmero condenados y condenadas al desplazamiento interno
y al Exilio. La guerra se convirtió en el pretexto para aniquilar sindicatos y
sindicalistas, destrozar convenciones colectivas y desaparecer las conquistas
obreras alcanzadas durante la segunda mitad del Siglo XX.
El nuevo contexto de superación de la guerra, ofrece
un campo de expectativas y oportunidades para los y las trabajadoras colombianas;
expectativas de superar el conflicto armado en el territorio colombiano y
oportunidades de desarrollar un nuevo marco de conflictos sociales y políticos
sin recurrir a la eliminación física de los oponentes. La paz en Colombia no
será la superación de la desigualdad y las injusticias; la Paz en Colombia es
un nuevo marco político para asumir los conflictos estratégicos que están por
resolverse en la sociedad Colombiana; uno de ellos, es indiscutiblemente, la
lucha por materializar los derechos individuales y colectivos del Trabajo.
Colombia requiere un nuevo marco normativo e institucional
que cumpla por fin las promesas del Estado Social de Derecho y las aproxime a
las expectativas sociales creadas por el
proyecto constitucional de 1991. Una Política Pública para el Trabajo Decente y
la formalización Laboral, puede contribuir a construir una agenda que en el
mediano plazo recupere la fuerza institucional en la defensa de los derechos
del trabajo, genere un nuevo marco de relaciones entre obreros y empleadores
que no esté mediado por la violencia y nuevas condiciones donde se acepte que
los derechos de los trabajadores son tanto o más importantes que los de la
libre empresa. La paz es una oportunidad, el trabajo es la herramienta
fundamental para hacer posible la paz.
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