Nuevo Plan de Desarrollo en contra
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030[1]
Mauricio Rodríguez Amaya[2]
Uribe
no miente, de él se puede criticar su espíritu autoritario, su engreimiento
fascista y su coherencia para defender a sus amigos, aún a los más delincuentes.
Pero no miente. En campaña, él y sus aliados propusieron hacer trizas la recién
nacida paz, incrementar la confianza inversionista, ampliar la base tributaria
de las personas y reducir la de las empresas, aumentar el extractivismo y
consolidar la apropiación terrateniente sobre la tierra. El Proyecto de Plan
Nacional de Desarrollo para el próximo cuatrienio, no es más que la ratificación
de las promesas hechas en campaña.
El
proyecto de Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque denominado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”
es la continuidad de la agenda de la precarización laboral, social y ambiental;
representa la prolongación del extractivismo minero energético, la destrucción
de la reserva natural colombiana y la privatización de las empresas del Estado
y los servicios públicos. Lo que ofrecen los “Pactos” a través de los cuales se
estructura el proyecto de ley, no solo incrementan los procesos de destrucción
de la economía nacional, sino que exacerba la explotación indiscriminada de los
bienes comunes, aumentará las desigualdades sociales, exacerbará las pugnas
territoriales y alimentará la violencia institucionalizada.
El
Proyecto de Plan es en muchos aspectos contrario a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 2030 establecidos por la ONU y que al menos de dientes para
afuera, Colombia comparte; incluso, el mismo proyecto menciona la intención de
materializar los ODS, aunque su contenido vaya en contravía de ellos. A
continuación, queremos presentar algunos ejemplos de la manera como el proyecto
de Plan de Desarrollo va en contravía de varios de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y su aplicación alejaría a Colombia de alcanzar la equidad social,
la reducción de la pobreza y la protección de la naturaleza y la paz. En
primera medida debemos recordar que los ODS fueron adoptados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. De los 17 Objetivos, el
Proyecto de Plan de Desarrollo pone en riesgo el alcance de al menos cinco de
ellos.
A
continuación, presentamos algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
entran en disputa con el Proyecto de Plan de Desarrollo, con el fin de promover
el debate público sobre la necesidad de producir propuestas para evitar que
Colombia se aleje cada día más de los objetivos de reducción de la pobreza, alcanzar
la equidad, la protección del medio ambiente y la Paz.
1. ODS 4: Garantizar
una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.
Mientras
Naciones Unidas se orienta al fortalecimiento y la garantía de los derechos a
la educación y la promoción de todos y de todas, el Proyecto de Plan Nacional
de Desarrollo (PPND) está pensado para reducir la investigación, la innovación
científica, el acceso a la educación pública de calidad y da continuidad a la
agenda neoliberal encaminada a la privatización, la financiación bancaria de la
investigación y el desmantelamiento de las entidades públicas encargadas de
estos temas.
El proyecto del Plan contempla la
privatización de los conocimientos ancestrales y la explotación comercial de
los conocimientos biológicos sobre nuestra riqueza natural, muy en la línea
neoliberal tendiente a la privatización de la propiedad colectiva de los bienes
comunes. En efecto, el Art. 6 del PPND, crea los Contratos de Acceso a Recursos
Genéticos y sus Productos Derivados (CARG) con los cuales los particulares,
nacionales o extranjeros, podrán seguir haciendo a sus anchas investigaciones
sobre nuestra riqueza genética, con fines eminentemente privados. Aun sin la firma del Contrato, “desde la
radicación de la solicitud y hasta la celebración y perfeccionamiento del
Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y/o sus Productos Derivados o hasta la
denegación del trámite, el solicitante podrá continuar accediendo al recurso
genético y/o sus productos derivados”.
Es PPND pone en riesgo la propiedad
colectiva sobre los bienes intangibles de la nación, el conocimiento ancestral
y el patrimonio cultural, el cual podrá ser privatizado, de acuerdo con lo
planteado por el Art. 105, que pretende
facultar a las entidades públicas que sean titulares de bienes intangibles y
derechos de propiedad intelectual (marcas, patentes, diseños industriales,
esquemas de trazado de circuito, variedades de vegetales, derechos de autor,
entre otros), negociar la explotación comercial de dichos bienes, lo que
implica incluso su enajenación.
Estos temas han sido fuente de cientos
de disputas, entre las comunidades, los pueblos originarios y afrodescendientes,
campesinos, organizaciones académicas y de DD.HH. frente al Estado y las
Empresas Trasnacionales (ETN), pues durante años, estos movimientos han hecho
resistencia a la privatización de la riqueza natural, han protegido la
información genética de las semillas nativas y han luchado contra los procesos
de implementación obligatoria de utilización de semillas genéticamente
manipuladas.
El
proyecto no solo se estimula a apropiación de los bienes comunes mediante
contratos de acceso a recursos, sino que se castiga duramente la investigación
científica nacional y la innovación tecnológica. El Art. 84 del
PPND, prevé la eliminación de Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación –COLCIENCIAS, mediante su fusión con el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación. Aunque Colombia no ha desarrollado una
política sólida orientada a la investigación y la innovación científica, la
desaparición de Colciencias pone aun más en riesgo la ya precaria investigación
académica nacional.
Como si fuera poco, el Art. 101, condena
la investigación científica y la innovación al crédito de la Banca, destina los
recursos públicos para apalancar la investigación privada, dando continuidad a
la política de desmantelamiento de los proyectos de investigación de
universidades públicas para privilegiar la financiación de la iniciativa
privada. Contrario a las exigencias del movimiento universitario, quienes
realizaron un histórico paro de más de tres meses durante 2018, el PPND
estimula el incremento del crédito bancario a través del ICETEX para el acceso
a la Educación Superior. El artículo 110 establece la vinculación de población
vulnerable a través de créditos con esta entidad, mientras que el Art. 111,
pretende garantizar que el Estado pague las deudas y demás obligaciones que el
mismo ICETEX haya adquirido; es decir, que con los excedentes de los créditos
de educación que el ICETEX gira a la nación, ahora el ICETEX pagará sus propias
deudas. Un negocio redondo para una entidad cuestionada por su enfoque bancario
y especulador.
2. ODS 8: Fomentar
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo, y el trabajo decente para todos.
Contrario
a lo planteado por este objetivo global, el proyecto de Plan de Desarrollo del
gobierno de Iván Duque apela a la precarización laboral, al contrato por horas
y al incremento de la desprotección de la seguridad social y las pensiones. El
Art. 58,
pretende eliminar el derecho que tienen los trabajadores que han sufrido
accidentes de origen laboral de gozar de manera simultánea de la pensión de
vejez y la pensión de invalidez. El nuevo artículo modifica lo establecido al
respecto por el Art. 13 de la Ley 100, haciendo así más gravosa la situación de
quienes sufrieron accidentes laborales que les obligó a suspender sus
actividades productivas.
Por otro lado, el PPND pretende
incrementar la precarización del trabajo, legalizar la remuneración por debajo
del Salario mínimo y establecer un sistema de beneficios económicos periódicos
(BEPS). Esta idea es un duro revés a los derechos del trabajo, pues lo que
pretende es condenar a los obreros a subsidios, en vez de promover
decididamente el trabajo digno y decente, tal como lo establecen los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. El Art. 113 crea el Piso Mínimo de Protección Social,
como un conjunto de garantías mínimas en materia de seguridad social para los
trabajadores, cuyos contenidos no son claros ni sabemos si se enmarcan en los
criterios de trabajo decente, formalización laboral y lucha contra la
tercerización y la intermediación laboral ilegal que han impulsado las
organizaciones de trabajadores en los últimos años.
El Proyecto del Plan crea el subsistema
de formación para el trabajo por competencias y el Sistema Nacional de
Cualificaciones, mediante el Art. 114, conformado en varios niveles por, el
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las Instituciones de Educación para el
Trabajo y Desarrollo Humano -ETDH, las Instituciones de Educación Superior con
oferta de formación para el trabajo y los demás oferentes que formen por
competencias y cumplan los requisitos y mecanismos que para tal fin se
establezcan, con lo cual se legaliza todo el proceso de privatización de la
formación para el trabajo y se continúa en la tarea paulatina de desmontar el
SENA.
Como puede
observarse, el PPND, camina en contravía del ODS que se orienta al mejoramiento
de las condiciones del trabajo, a la promoción del trabajo decente y a la lucha
contra la pobreza a través de puestos de trabajo dignos y estables.
3. El ODS 9: Desarrollar
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible, y fomentar la innovación.
El Proyecto de Plan es una estocada más
a los esfuerzos de industrialización de algunos sectores en Colombia; continúa
la senda marcada por el extractivismo minero, y se orienta a garantizar las
condiciones de explotación de las empresas trasnacionales, al tiempo que hace
más gravosas las condiciones para la minería artesanal y comunitaria de metales
preciosos. El Art. 18 del Plan crea un conjunto de procedimientos complejos
para exigir lo que el gobierno llama “la formalización minera”, que no es otra
cosa que continuar los procesos de exclusión y criminalización de la minería
artesanal y comunal.
Pero al tiempo que crea más trabas y
condiciones gravosas para la minería artesanal y comunal, garantiza la
extensión de las grandes concesiones mineras hasta por treinta años más, tal
como lo pretende en el Art. 21 del proyecto. El desastre de la minería a gran
escala, no tiene controles ni limites en el Nuevo Plan de Desarrollo, por el
contrario, su contenido se orienta a darle continuidad a los proyectos e incrementar
la titulación para la explotación minera a gran escala. Aquello de la
industrialización inclusiva y sostenible, con fomento de la innovación es un
objetivo que no verá ningún desarrollo en el presente cuatrienio.
4. Los ODS 13
y 15: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la
desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la
pérdida de diversidad biológica.
El Plan de
Desarrollo va por el camino contrario a los esfuerzos globales necesarios para
combatir el cambio climático y reducir el efecto invernadero, al tiempo que
desarrollará la destrucción extensiva de bosques y el incremento de la
destrucción de importantes reservas naturales con las que aun cuenta el país.
El Art. 106, propone incentivos tributarios, con deducciones de hasta el 50% de
la inversión realizada, hasta por los próximos 15 años, para quienes
desarrollen proyectos de explotación de fuentes no convencionales (como los
hidrocarburos extraídos mediante fracturamiento hidráulico). Además de las ya poderosas
exenciones a quienes desarrollen proyectos de explotación de crudos no
convencionales, se suma este nuevo impulso basado en la deducción de impuestos
sobre la inversión realizada.
Vale
recalcar que los artículos 7 al 10 del Proyecto del PND, incrementan el riesgo
ambiental, impulsan a los más pobres a ir más allá de la frontera agrícola,
estimulará la privatización del conocimiento común de la naturaleza a través de
Contrato
de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados.
5. El ODS 16:
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles.
Contrario
a los propósitos globales, el PPND es una nueva carta para el incremento de las
privatizaciones de las entidades del Estado y particularmente de las Empresas
públicas más rentables. El proyecto establece nuevas reglas para facilitar la
enajenación de activos del Estado, y la venta de entidades públicas en todos
los niveles territoriales y de servicios. Así se expresa en el Art. 14, Núm 2:,
que faculta a todas las entidades para vender sus activos y aportes. En el mismo sentido, el Art. 162 del PPND
pretende la venta de participaciones minoritarias de las Empresas y Entidades
Estatales. Lo que se anuncia, contrario a consolidar el Estado, es el
incremento de la privatización y el desmonte de las Empresas estatales, puestas
al servicio del Capital privado. Bastante
negativa ha sido la experiencia de poner los servicios públicos en manos
privadas, pero el nuevo Plan insiste en cometer los mismos errores de los
últimos treinta años, alejando a la sociedad colombiana de crear entidades
eficientes, empresas públicas transparentes y sólidas y redistribuir desde el Estado
los dividendos de sus actividades económicas.
Por
último, es importante mencionar que las Víctimas del conflicto armado, también
serán revictimizadas con el nuevo Plan de Desarrollo, pues invierte la
responsabilidad del Estado con respecto a la reparación integral y deja la
financiación de la reparación a que las FARC entreguen los supuestos bienes que
aún no han entregado. Este portazo a las víctimas no solo es contrario a los
Acuerdos para la terminación del conflicto Armado suscritos en 2016, sino que
incrementa la desolación de quienes más sufrieron los efectos devastadores de
la violencia institucionalizada y de la guerra.
El
proyecto de Plan de Desarrollo del gobierno Duque es una continuidad de la
política económica basada en la primarización y la desidustrialización,
incrementa el extractivismo, y por esa vía aumentará las conflictividades
territoriales y sociales; el nuevo plan se orienta a la privatización del
Estado y a dejar la educación y la investigación a quienes puedan pagarla,
aumenta la destrucción de los bienes comunes e incentiva a apropiación privada
de la información genética; el nuevo plan impone la precarización del trabajo y
la desprotección de los trabajadores; es un plan contra la paz, contra la
naturaleza y contra el trabajo, al tiempo que propende por facilitar los
rendimientos económicos del capital nacional y trasnacional. Un Plan de
Desarrollo con las características descritas anteriormente, solo puede dar como
resultado el aumento de la pobreza y la desigualdad y la violencia; es un plan
contra la paz y para la guerra, y es un plan contra la naturaleza y contra la
gente.
6. La
Respuesta: Alianzas territoriales, por el Agua, el trabajo y la Paz.
La
respuesta al Plan debe prepararse desde ahora, y tendrá que materializarse a
través de la movilización social y el empoderamiento de los actores
territoriales en los próximos años, por esa razón, consideramos que es
necesario proponer Alianzas territoriales, por el agua, el trabajo y la paz,
con el fin de ir tejiendo las resistencias y las alternativas que intenten
frenar la destrucción de nuestros bienes comunes y la privatización del Estado.
La Alianzas territoriales, pueden ser espacios que permitan la articulación
eficiente de las indignaciones, espacios de plataforma para la respuesta
conjunta de las organizaciones y los movimientos sociales a la arremetida del
capital nacional y trasnacional. Estas alianzas, podrían contribuir a movilizar
la indignación, a partir del reconocimiento de la diferencia de los actores
sociales y desde ahí, tejer los puntos en común que nos permitan fomentar
poderes territoriales capaces de constituirse en alternativas en el plano local
y nacional.
Vienen
épocas de luchas y resistencias, vienen vientos de confrontación, pero también
de esperanza si logramos articular las luchas, aprovechar nuestras capacidades
colectivas y de fomentar la ecología de saberes, de esos saberes populares y
académicos que sean capaces de enfrentar el capitalismo, el colonialismo y el
patriarcado, como un todo integrador de las luchas emancipatorias de los
próximos años.
[1]
Marzo 15 de 2019. Ponencia presentada en el Encuentro de Escuelas Sindicales territoriales de FECODE.
[2]
Abogado, especialista en Derecho Público; investigador y educador popular;
Coordinador de la Red de Investigación “Globalización, Trabajo y Territorios”,
RED-GTT.
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