Héctor Sánchez, el campesino que
denunció a Rubiales
Desde ayer,
ha sido tratado como delincuente debido a una orden de captura expedida por la
Fiscal 239, quien lo acusa a él y a otros dirigentes sociales y sindicales de
Puerto Gaitán, de delitos de terrorismo, daños en bien ajeno, obstrucción de
vías y otros tantos.
Mauricio
Rodríguez Amaya
Héctor Sánchez es un campesino de 54
años, vive en una casa levantada por él mismo, con tablas y recortes de obra en
el barrio Nueva Esperanza, Vereda Rubiales, Municipio de Puerto Gaitán,
departamento del Meta. Es un maestro de obra que se ha hecho a fuerza de
querer; es un hombre sencillo, conversador, camellador y líder natural; es el
vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Rubiales, y miembro
afiliado a la Unión Sindical Obrera.
Héctor es un hombre especial,
temeroso de su vida y la de su familia, pero valiente para enfrentar sin más
armas que sus palabras y su convicción sobre la justicia a la Empresa
Multinacional Pacific Rubiales, que opera los campos petroleros Quifa, Rubiales
y otros en el Municipio de Puerto Gaitán. Héctor es sindicalista y ha
participado en actividades sindicales, busca a los trabajadores y les habla de
sus derechos, conversa con los jefes y les pide respeto para su compañeros, lo
quieren las bases aunque a veces prefieren no saludarlo para evitarse
problemas; Héctor es líder comunal y ha denunciado a Pacific Rubiales por daños
ambientales en las Veredas de operación directa, ha interpuesto acciones
legales frente al ANLA para que se investiguen las contaminaciones ambientales
ilegales que produce esta multinacional, cuyas acciones contaminan las aguas de
consumo humano, secan morichales, acaban las especies vivas y como si fuera
poco mantienen las casas cubiertas de polvo y barro, por el transporte
permanente de autos de carga de combustible, maquinaria y personal. Va a las
jornadas de “socialización” para recordarle a los delegados de la multinacional
Pacific Rubiales, que de lo que han prometido en más de dos años no han
cumplido ni la más mínima parte, que la gente sigue esperando la plata para los
proyectos productivos, la pavimentación de la vía, el centro de salud y la
recuperación ambiental de las zonas dañadas.
A esto dedica su tiempo Héctor Sánchez,
a trabajar para su familia y a denunciar a la empresa petrolera más poderosa en
el país; obviamente, esta actitud le ha ocasionado amenazas verbales y
escritas, persecuciones de personal no identificado en la zona, hostigamientos
y montajes judiciales. Dentro de esos montajes, la Fiscal 239 Especializada de
Bogotá, decidió solicitar su captura, por una lista interminable de delitos. Su
captura se dio mientras trabajaba en la construcción del acueducto de su
vereda. Las amenazas de las que ha sido víctima Héctor, sumado este proceso
judicial infame, han hecho que solicite Medidas Cautelares ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, entidad que en este caso, le ha exigido al
Estado colombiano especial protección para Héctor.
La Unidad Nacional de Protección no
ha tomado ninguna medida seria para proteger su vida, pero por el Contrario la
Fiscalía ordena su captura por considerarlo un delincuente. El mayor
beneficiado de esta captura es sin duda la Multinacional Petrolera Pacific
Rubiales, quien de esta forma resuelve sus contradicciones con un campesino que
ha decidido enfrentar con su dignidad las perversiones de una multinacional
cuyo espíritu económico está matando con el alma de los llanos orientales en
Colombia.
Hoy exigimos la libertad inmediata de
Héctor Sánchez, de Dilio Naranjo y de Campo Elías Ortiz, quienes fueron
capturados ayer por orden de una fiscal interesada en defender los intereses de una Multinacional que no
conoce otro interés que el de las cuentas bancarias de sus propietarios.
