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| Fuente: https://laud.udistrital.edu.co/ |
La retórica de Abelardo y la lengua del tercer Reich
Mauricio Rodríguez
Amaya
@mao_rodriguez1
En pocas semanas hemos
vivido varios episodios que no constituyen simple coincidencia sino una
articulada estrategia de crear un nuevo discurso, un lenguaje que se ajuste al
nuevo modelo totalitario; negación y creación, son las dos funciones
fundamentales de este discurso, tal cual como lo hizo el nazismo del tercer
Reich en Europa, a partir de 1933. Ya Víctor Klemperer, desnudó la
estructura retórica y argumental con la cual, el nazismo construyó su hegemonía
sobre Europa. Pareciera que esta práctica
se intenta reeditar como milagro contemporáneo en Colombia.
No hablar de
campesinos, no mencionar la reforma agraria, no mencionar la palabra niñas; son
solo algunas de las nuevas decisiones lingüísticas, que, aunque se presentan
por separado, responden a un nuevo patrón totalitario: Negar el lenguaje que genera
derechos y que define subjetividades.
La alusión a cristo
Rey, la imposición de la metáfora del heroísmo, la figura poderosa del dinero y
la vuelta al espectáculo de la muerte. Se trata de imponer otras fuerzas simbólicas
y lingüísticas que generen identidad, cohesión social y poder. No dirigen el
Estado, lo amedrantan. Se crean nuevas icónicas del discurso institucional,
literal y simbólico: la exacerbación de la presencia religiosa, la idea de la
voluntad divina como generadora del poder de quienes gobiernan, la defensa de
una fe única e incuestionable, como en las épocas medievales de la santa
inquisición. La muerte como respuesta y el espectáculo de la victoria sobre los
cadáveres, muestran una segunda característica del nuevo patrón totalitario: crear
un lenguaje basado en la omnipotencia de dios como legitimador funcional de la acción
totalitaria y violenta.
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El campesino y la campesina
no pueden ser borrados del leguaje institucional, por más que así lo promuevan desde
el estado-púlpito, porque es una obligación legal y constitucional su
reconocimiento. De acuerdo con el Art. 64 de la Constitución Política, el campesinado es sujeto de
derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la
tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía
alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas,
demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos
sociales.
El Estado reconoce
la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado,
así como aquellas que le sean reconocidas y velará por la protección, respeto y
garantía de sus derechos individuales y colectivos, con el objetivo de lograr
la igualdad material desde un enfoque de género, etario y territorial, el
acceso a bienes y derechos como, la educación de calidad con pertinencia, la
vivienda, la salud, los servicios públicos domiciliarios, vías terciarias, la
tierra, el territorio, un ambiente sano, el acceso e intercambio de semillas,
los recursos naturales y la diversidad biológica, el agua, la participación
reforzada, la conectividad digital, la mejora de la infraestructura rural, la
extensión agropecuaria y empresarial, asistencia técnica y tecnológica para
generar valor agregado y medios de comercialización para sus productos.
Además de constituir
una categoría de rango constitucional, el campesinado se ha construido como un
sujeto colectivo en la historia de la humanidad. El campesinado es una fuerza
potente de la historiografía latinoamericana, de la ciencia política y de la sociología.
No es un capricho lingüístico: es una realidad socialmente existente que como
tal, requiere respuestas de políticas públicas ante sus dinámicas y problemáticas.
Negarlos, es negar a cerca del 30% de la población colombiana. Negar al
campesinado es nada más y nada menos que la negación de nuestra historia desde
sus capítulos inaugurales. Sus luchas, sus aportes a la construcción de la nación
y su capacidad individual y colectiva para conquistar derechos y garantías para
su pervivencia. Pero además, en términos de gestión pública, implica negar un
trazador presupuestal creado por la constitución política; es decir, un
indicador de cumplimiento de metas que trasversaliza toda la gestión de las
entidades de Gobierno. Quien niega al campesinado es la entidad encargada de impulsar
las políticas hacia el campesinado, lo cual reviste una mayor gravedad, porque
muestra que en esencia, durante este gobierno, no se cumplirán las obligaciones
constitucionales de reconocimiento del campesinado y la creación de políticas para
fomentar la apropiación individual y colectiva de la tierra, la producción alimentaria,
la asistencia técnica, los derechos del trabajo, el acceso a la educación y a
la ciencia y los demás derechos individuales y colectivos. Negación del sujeto
es negación del derecho, esta es una formula implícita en el lenguaje
totalitario. Ahora bien, hay un complejo empresarial de la tierra en Colombia,
terratenientes, empresas extractivistas, promotores del monocultivo, hacendados
de tierras de engorde; estos sí empresarios del campo, no campesinos. Lo que
indica el discurso del Gobierno es que los recursos irán al beneficio de estos
empresarios y sus empresas, así como ya pasó en el pasado reciente de Agroingreso
Seguro. Por eso el cambio del lenguaje no es simple cuestión retórica, es una necesidad
implícita en la decisión de que los recursos del Gobierno, lleguen de nuevo a
los más poderosos y no al campesino y sus familias.
Lo mismo sucede con la
negación de la palabra niñas en el lenguaje institucional de la entidad
encargada de la protección, de las niñas, los niños y adolescentes. El Código
de Infancia y adolescencia vigente (ley 1098 de 2006) ya había saldado está discusión
sobre el reconocimiento de las niñas en el ordenamiento jurídico colombiano, y
por eso estableció tres categorías como sujetos de especial protección especial
del Estado: niños, niñas y adolescentes. por su parte, el acuerdo de paz incluyó
en la constitución colombiana un conjunto de normas para la terminación del conflicto armado y
la construcción de una paz estable y duradera; entre estas
normas, creó el Sistema Integral De Verdad, Justicia, Reparación Y No
Repetición (SIVJRNR). Este sistema integral tiene un enfoque
territorial, diferencial y de género, que corresponde a las características
particulares de la victimización en cada territorio y cada población y en
especial a la protección y atención prioritaria de las mujeres y de los niños y
niñas víctimas del conflicto armado. Este enfoque de género y diferencial debe aplicarse
a todas las fases y procedimientos del Sistema, en especial respecto a todas las
mujeres que han padecido o participado en el conflicto. Así que la negación
de las niñas del leguaje institucional es una afrenta a la constitución y a más
de 4,5 millones de colombianas menores de 12 años, que constituyen el 48% de la
población infantil del país.
No se trata solo de negar, sino de crear una retórica
convincente de puritanismo medieval teocrático que justifique todo el accionar.
Las fotos ante los muertos, la alusión a Cristo Rey, el repetido matoneo contra
personas, ideas y exfuncionarios, como si se tratara de destripar el pasado
para imponer una anti historia diseñada a la medida de sus propios versículos, al
estilo de los regímenes más autoritarios. Este lenguaje del tercer reich, al
tiempo que condena sin pruebas y sin proceso, destripa personas, proyectos y
procesos comunitarios; intenta imponer una hegemonía comunicacional hipócrita. Hablan
de recortes y de ahorro, pero su práctica habla de presunción del derroche y
del lujo; prima la auto adulación y el
aplauso cerrado entre los mismos, mientras persiguen para aniquilar a quienes
consideran sus enemigos. Crecen las amenazas a líderes sociales, mientras se
eleva la retórica antiterrorista en sus discursos apocalípticos y mesiánicos.
Nada hay nuevo en su estrategia totalitaria, ni la retórica excremental, ni el reeditado aniquilamiento verbal de los antecesores. Solo son réplicas del autoritarismo y del capricho. Pero es clave advertir que, de estas prácticas iniciales, a la violencia física, hay solo un paso. El matoneo, el destripamiento moral es solo la antesala de la persecución violenta, del campesino sin tierra, de las niñas sin derechos, de los condenados sin fórmula de juicio. La etapa que viene, será difícil, sobre todo para quienes han defendido la reforma agraria, los derechos de las poblaciones más vulnerables. Otra vez, será la fuerza popular y la memoria colectiva, la que sea capaz de parar esta narrativa del exterminio, que evoca al cristo rey mientras promueve la expiación de quienes ellos mismos han definido como condenados.
