Andrés Felipe, el socialista
Mauricio Rodríguez Amaya
mauro_rodriguez1@yahoo.com
El ministro de agricultura cree en la propiedad estatal sobre la tierra, pero de aquella que le pertenece a las víctimas del paramilitarismo, la relatifundización y los megaproyectos.
Andrés Felipe Arias, ministro de agricultura, anunció una nueva licitación para que las multinacionales se apoderen de la producción sobre las tierras de Carimagua, que cuenta con una extensión de 17 mil hectáreas y cuya destinación consiste en ser devueltas a los desplazados, es decir, a sus dueños originarios.
Colombia cuenta con la cifra lamentable de cuatro millones de desplazados; colonos, indígenas y afrocolombianos que han sido sacados de sus tierras por la presión oficial o paramilitar, en un largo y tormentoso proceso de relatifundizació n, que ha puesto las mejores tierras del país en manos de narcotraficantes, productores de agrocombustibles y tierras de engorde. Pero cuando la historia da la vuelta y se recuperan fundos para que sus verdaderos dueños recuperen la propiedad y se acabe el destierro, el ministro vira a una especie de “socialismo uribista”, para oponerse a la propiedad privada sobre la tierra; para evitar que quienes son sus dueños puedan efectuar el uso, el goce y la libre disposición sobre sus predios.
Se les ofrece como alternativa un contrato de usufructo, cuyo negocio tiene como característica, entre otras limitaciones, que no se transfiere ni “por testamento o abintestato”, según el artículo 832 de nuestro Código Civil. Esto significa, que los herederos quedarán en el limbo al momento de la muerte del usufructuario y las multinacionales podrán disponer libremente de las tierras que debieron haber sido heredadas por las familias.
Cunde el cinismo y angustia la vergüenza. Andrés Felipe Arias, el más uribista de los uribistas (no solo por su patético parecido, sino porque es quien mejor hace las tareas que le impone el presidente) ahora se reclama enemigo de la propiedad privada. Cree que el Estado debe administrar las tierras para evitarle a los campesinos las angustias que trae consigo la propiedad. El ministro se horroriza con que unas 500 familias puedan recuperar la propiedad sobre sus tierras, pero no dice nada ante el hecho de que el 80% de las tierras de uso agrícola son propiedad de un grupo reducido de familias o están en manos del narcotráfico o los paramilitares.
Lo que muestra el caso Carimagua, es el desvergonzado modelo de expansión latifundista a favor de las multinacionales productoras de agrocombustibles, que no solo incrementa el desplazamiento forzado, destruye la economía campesina y afecta negativamente zonas estratégicas del medio ambiente, sino que amenaza con destruir definitivamente la soberanía alimentaria del país, elemento indispensable para el futuro de las próximas generaciones.
Este es un momento decisivo para que los colombianos y colombianas discutamos a profundidad la cuestión agraria, pues de imponerse el “modelo socialista” del ministro Arias, no existirá verdadera reparación para quienes fueron despojados de sus tierras por la fuerza paramilitar, la complicidad estatal y el interés privado de las multinacionales. Pero este debate requerirá de una intensa actividad de movilización social en defensa de los derechos del campesinado, las reservas indígenas y étnicas, el patrimonio nacional y el derecho que tenemos los pueblos a construir las fuentes que garanticen nuestra propia existencia.
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Mauricio Rodríguez Amaya
mauro_rodriguez1@yahoo.com
El ministro de agricultura cree en la propiedad estatal sobre la tierra, pero de aquella que le pertenece a las víctimas del paramilitarismo, la relatifundización y los megaproyectos.
Andrés Felipe Arias, ministro de agricultura, anunció una nueva licitación para que las multinacionales se apoderen de la producción sobre las tierras de Carimagua, que cuenta con una extensión de 17 mil hectáreas y cuya destinación consiste en ser devueltas a los desplazados, es decir, a sus dueños originarios.
Colombia cuenta con la cifra lamentable de cuatro millones de desplazados; colonos, indígenas y afrocolombianos que han sido sacados de sus tierras por la presión oficial o paramilitar, en un largo y tormentoso proceso de relatifundizació n, que ha puesto las mejores tierras del país en manos de narcotraficantes, productores de agrocombustibles y tierras de engorde. Pero cuando la historia da la vuelta y se recuperan fundos para que sus verdaderos dueños recuperen la propiedad y se acabe el destierro, el ministro vira a una especie de “socialismo uribista”, para oponerse a la propiedad privada sobre la tierra; para evitar que quienes son sus dueños puedan efectuar el uso, el goce y la libre disposición sobre sus predios.
Se les ofrece como alternativa un contrato de usufructo, cuyo negocio tiene como característica, entre otras limitaciones, que no se transfiere ni “por testamento o abintestato”, según el artículo 832 de nuestro Código Civil. Esto significa, que los herederos quedarán en el limbo al momento de la muerte del usufructuario y las multinacionales podrán disponer libremente de las tierras que debieron haber sido heredadas por las familias.
Cunde el cinismo y angustia la vergüenza. Andrés Felipe Arias, el más uribista de los uribistas (no solo por su patético parecido, sino porque es quien mejor hace las tareas que le impone el presidente) ahora se reclama enemigo de la propiedad privada. Cree que el Estado debe administrar las tierras para evitarle a los campesinos las angustias que trae consigo la propiedad. El ministro se horroriza con que unas 500 familias puedan recuperar la propiedad sobre sus tierras, pero no dice nada ante el hecho de que el 80% de las tierras de uso agrícola son propiedad de un grupo reducido de familias o están en manos del narcotráfico o los paramilitares.
Lo que muestra el caso Carimagua, es el desvergonzado modelo de expansión latifundista a favor de las multinacionales productoras de agrocombustibles, que no solo incrementa el desplazamiento forzado, destruye la economía campesina y afecta negativamente zonas estratégicas del medio ambiente, sino que amenaza con destruir definitivamente la soberanía alimentaria del país, elemento indispensable para el futuro de las próximas generaciones.
Este es un momento decisivo para que los colombianos y colombianas discutamos a profundidad la cuestión agraria, pues de imponerse el “modelo socialista” del ministro Arias, no existirá verdadera reparación para quienes fueron despojados de sus tierras por la fuerza paramilitar, la complicidad estatal y el interés privado de las multinacionales. Pero este debate requerirá de una intensa actividad de movilización social en defensa de los derechos del campesinado, las reservas indígenas y étnicas, el patrimonio nacional y el derecho que tenemos los pueblos a construir las fuentes que garanticen nuestra propia existencia.
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